En España también se cuecen negros

Los recientes sucesos ocurridos en Lampedusa vuelven a arrojar luz sobre las oscuras condiciones en que se mantienen a los inmigrantes confinados en los llamados, en España, centros de internamiento de extranjeros, sobradamente desbordados en su capacidad desde el momento mismo en que se crearon, al amparo de la primera ley de extranjería, en 1985.
La fuga y posterior manifestación de unas 2.000 personas de uno de esos centros ubicado en la isla italiana no es más que la consecuencia de la aplicación gubernamental de un régimen carcelario sin derechos que atenta contra personas que no han cometido ningún delito, aplicación favorecida e impulsada con la aprobación de la tristemente célebre directiva comunitaria de retorno, respaldada con los votos de los eurodiputados socialistas españoles, salvo honrosas excepciones. Los inmigrantes participantes en esos hechos, apoyados por los residentes en la isla, hicieron lo que cualquiera con dignidad habría hecho: rebelarse contra las condiciones de hacinamiento e injusticia a que se les somete.
El caso de Lampedusa ni es nuevo ni único. En los centros de internamiento de la España del talante y el buen rollito, a los que perfectamente se puede llamar cárceles administrativas y que expertos europeos calificaron como "deplorables", también se cuecen negros. Utilizo este verbo porque siete de esas nueve cárceles "oficiales" están ubicadas en Las Palmas (2), Tenerife, Málaga, Valencia, Murcia y Algeciras, sin contar la terminal del aeropuerto de Lanzarote, los centros de "estancia temporal" de Ceuta y Melilla y los de "retención informales" situados sobre todo en Canarias y Almería. Lugares "muy frescos" que comparten un degradante denominador común: el hacinamiento humano y las pésimas condiciones de higiene y salubridad. El último informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía lo corrobora. Y utilizo el término "negros" en oposición semántica al término "blancos", porque, a través de nuestras instituciones comunitarias y nacionales, de alguna manera ejercemos de involuntarios "carceleros" de aquéllos.
Esas condiciones de vergonzosa subsistencia en un país cuyo Gobierno se considera paladín de los derechos de las personas derivaron y derivan en problemas como los ocurridos en Lampedusa. Por ejemplo, en agosto de 2006 se amotinaron medio centenar de inmigrantes en el centro de Zapadores (Valencia), mientras del de la Zona Franca barcelonesa se escaparon 35 en el 2007 y en el de Fuerteventura hubo varios heridos a causa de una revuelta. Si a este escaso muestrario añadimos la lista negra de incidentes en el siniestro centro de Capuchinos (Málaga), el panorama de los campos de concentración españoles de inmigrantes queda, también siniestramente, dibujado. Según datos del Ministerio del Interior, en 2007 había en esos centros 18.057 internos, cuando su capacidad no llega a las 2.300 plazas. Esa cifra da una idea, aunque sea aproximada, de la magnitud de la afrenta pública.
En la Unión Europea están reconocidos 174 centros de internamiento y retención, que no bajan de 300 si se incluyen los existentes en países fronterizos, mediterráneos y africanos, según se refleja en el "Mapa de los campos de la UE", elaborado por Migreurop. Tal proliferación de lugares degradantes es producto de las políticas comunitarias de persecución de la inmigración irregular, que han convertido el encierro sistemático de inmigrantes indocumentados en uno de los principales instrumentos para combatir el fenómeno.
Lo peor de todo, desde el punto de vista jurídico, es que en esos centros, que el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona califica de "inconstitucionales", se detiene a las personas por lo que son y no por lo que han hecho. El extranjero irregular no está detenido, sino retenido preventivamente por una falta administrativa: no tener los papeles requeridos a la espera de ser repatriado, devuelto a la frontera o de una sanción de expulsión.
Estos días se habla mucho del limbo jurídico, y humano, de Guantánamo, sobre el que ha fijado su punto de mira el nuevo presidente norteamericano. España y Europa también necesitan un Obama que se proponga cerrar sus guantánamos.

Foto: Inmigrantes confinados en un centro de las Canarias