La pregunta que da título a este post la deja en el aire la organización alemana Pro Asyl, que ha emprendido una campaña para pedir a la Unión Europea que no colabore con Libia en el control de la inmigración ilegal.
La Comisión Europea ha firmado un acuerdo con Gadafi por el que su Gobierno recibirá 50 millones de euros en los próximos tres años -el coronel había pedido 5.000 para evitar una Europa negra- para asistir a los refugiados y solicitantes de asilo que lleguen al país africano, luchar contra el contrabando y el tráfico de personas.
Lo perverso del asunto es que Libia no es firmante de la Convención de Ginebra, aunque sí de la Convención de la Unión Africana sobre los refugiados, ni es un país reconocido precisamente por su defensa de los derechos humanos, sino más bien todo lo contrario. De hecho, el Parlamento Europeo condenó el 17 de junio último la ejecución de 18 inmigrantes en Libia en mayo pasado, el cierre de la oficina del ACNUR en junio, las deportaciones masivas, las torturas y malos tratos y las muertes en los centros de refugiados, entre otros atropellos.
Pese a todo, la UE accede a colaborar con el régimen libio argumentando que será ella y no el Gobierno del coronel quien controle esos 50 millones. ¿Y cómo va a hacerlo si el organismo de las Naciones Unidas que vela por los derechos de los refugiados y los emigrantes ha sido expulsado del país?
De ahí la irónica pregunta que sirve de base a la campaña de Pro Asyl.
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