Deberían llamarlo Diccionario Hagiográfico Español

"El 10 de mayo de 1937, fuerzas internacionales con un ataque violento y por sorpresa logran poner pie en las líneas propias en la posición denominada El Picarón y avanzan sobre Casas de San Galindo [Guadalajara]. El comandante Santiago Alonso, al frente de su unidad, y al grito de ¡Viva Cristo Rey!', contraataca e influye notablemente para cambiar rápidamente el curso del combate, expulsar al Ejército rojo de las posiciones en que había puesto pie, restablecer íntegramente la línea, recuperar el material perdido y apoderarse del material de una Compañía de Ametralladoras, más de doscientos fusiles, quedando en el terreno más de un centenar de cadáveres enemigos".

El texto precedente no corresponde a una historieta del Capitán Trueno, ni a una mala novela de la España de mediados del siglo XX, ni tampoco es una de esas batallitas que los hijos de la "guerra de liberación" contaban a sus nietos. Es un texto oficial, financiado con dinero público del Estado español, bendecido e incluido en lo que la Real Academia de la Historia vende como "Diccionario Biográfico Español" por el popular precio de 3.500 euros.
Este mamotreto de 50 volúmenes, 8.000 páginas y seis millones de euros pagados por los contribuyentes españoles, entre los que hay herederos de los miles de represaliados por el régimen del "autoritario" general Franco, es un nuevo valle de los caídos de la ignominia, del insulto y del desprecio a la Historia y al sentido común, del que no sólo son responsables los autores de los textos, sus promotores y defensores, sino también un Gobierno que, en esencia y para mayor vergüenza, se considera deudor de la España segmentada y segada por el fascismo y el franquismo.
La Academia de la Historia no ha hecho un trabajo científico, que es lo que requiere el tratamiento de los personajes protagonistas de los hechos históricos. Se ha limitado a amparar y aceptar opiniones de historiadores que escriben historias aderezadas según sus más íntimas convicciones.
Como bien afirma José Carlos Mainer, "no se puede esgrimir el derecho a la libre opinión de un autor cuando se trata de una obra colectiva y cuando existe una dirección profesional responsable. No se trata de ejercer la censura sino el sentido común. Que aconsejaba, por supuesto, que el redactor de la voz "Franco Bahamonde, Francisco" no fuera el presidente de una fundación que lleva el nombre de aquel y que fue, en los últimos momentos de la dictadura, director general en el Ministerio de Educación Nacional. Luis Suárez Fernández puede ser, como medievalista, autor de una semblanza de Juan II de Castilla pero, a todas luces, nunca escribir de Franco en el Diccionario de una Academia que, desde el siglo XVIII, tiene una clara vinculación al Estado y que percibe de este parte sustancial de su presupuesto. Para escribir sus opiniones sobre Franco o sus piadosas consideraciones sobre Escrivá de Balaguer (a las que tiene perfecto derecho), el señor Suárez Fernández tiene a su disposición numerosos periódicos y revistas que se honrarán con su colaboración". ¿Algo que objetar?
En plena España democrática, los vencedores han vuelto a reescribir y a falsear la Historia y ensalzado a sus héroes, a los cruzados de una causa marcada durante decenios por asesinatos, juicios sumarísimos, fusilamientos, torturas, silencios humillantes, complicidades vergonzosas. Todo ejecutado con marcial y ciega obediencia a la figura de aquel a quien el mariscal Pétain llamó -triste sarcasmo- "la espada más limpia de Occidente", a quien la Real Academia de la Historia eleva a los altares al calificarlo benignamente de "autoritario" y a quien los historiadores de rigor tildan, con justicia, de "dictador".
En verdad os digo que deberían llamarlo "Diccionario Hagiográfico Español".