¿Está justificado que el Movimiento 15-M exija mayor control de la actividad bancaria?

Una de las peticiones del Movimiento 15-M para la regeneración del sistema político y económico del país se recoge en el punto quinto de sus propuestas, referido al control de las actividades de la banca.
No parece que sea, sin embargo, uno de los asuntos más debatidos en las asambleas del movimiento ni en los foros sociales, que se inclinan por cuestiones más tangenciales o secundarias como las relacionadas con los partidos o los privilegios de los políticos, cuestión que, por cierto, encabeza las propuestas de Democracia Real Ya, plataforma que aglutina las reivindicaciones del movimiento. No es una crítica. Es la constatación de un hecho.
La crisis actual, que deviene en desempleo, recortes salariales y sociales, desahucios y demás graves consecuencias para el ciudadano de a pie, es esencialmente económica y tiene mucho que ver, si no todo, con el papel desempeñado por los bancos.
El discurso oficial con el que se trata de justificar la necesidad de que el Estado se haga cargo de la deuda privada -España tiene una de las deudas públicas más bajas de la UE- no sólo es una falacia, sino una distracción para desviar la atención de los comportamientos irresponsables y especulativos de la banca, que vio en la construcción un negocio fácil, lo financió sin reservas y favoreció sus cada vez más elevados precios, muy por encima de los costes reales y del poder adquisitivo de los asalariados. Un negocio redondo del que se lucraron unos pocos.
Debido al estallido de la burbuja inmobiliaria, los bancos llegaron a acumular una deuda de 323.000 millones de euros (42% del PIB) en créditos a los promotores y en préstamos a la construcción. Como no quiso asumirla por sus propios medios -entre el 2004 y el 2009 obtuvo beneficios superiores a las 132.000 millones-, pidió ayuda a Estado, que en partidas sucesivas le entregó, hasta el año pasado, 230.000 millones. Es decir, entre el 2008 y el 2010 cada contribuyente español aportó 5.000 euros al rescate del sistema bancario. Más claro: los responsables de la crisis han exigido al poder político que les sacase las castañas del fuego, y este lo ha hecho a costa de exigir, a su vez, considerables sacrificios a los trabajadores, que son los que aportan, vía impuestos, los mayores ingresos de las arcas públicas. Y esto es así porque España es uno de los países europeos con menor presión fiscal (un máximo del 43%) sobre el capital y las rentas altas, cuando, por ejemplo, en Holanda es del 52% y en Suecia, del 56%.
Si los bancos asumiesen la responsabilidad del mercado que tanto defienden -los errores se pagan con la quiebra- y si la fiscalidad fuese progresiva para que los ricos pagasen en consonancia con sus ingresos y su patrimonio, quizá la crisis fuese mucho menor o no existiría, como ocurre en Suiza, en Finlandia, en Dinamarca o en Suecia, los trabajadores españoles no tendría que soportar semejante carga y probablemente Democracia Real Ya no plantearía lo que se recoge en el punto 5 de sus propuestas.