Jarabe de colza contra la tos

"La Seguridad Social de Panamá (Caja de Seguro Social) señala a la 'codicia' de los directivos de una empresa española como causante de la muerte de medio millar de personas y del envenenamiento de miles al ingerir un jarabe para la tos que las autoridades sanitarias repartieron gratis por las zonas más pobres del país". [Noticia completa].

El caso puede resumirse del siguiente modo: el Gobierno de Panamá saca a concurso la compra de 9.000 kilos de glicerina para elaborar jarabe que luego repartirá gratuitamente entre los pobres. El concurso se lo adjudica una empresa panameña, que busca un distribuidor y lo encuentra en Barcelona, este compra el producto a una empresa en Pekín, que a su vez lo adquiere a una fábrica china (¿me siguen?). La glicerina viaja de China a Barcelona y de ahí a Panamá, donde se hace el jarabe. El problema es que la glicerina no era apta para el consumo humano, sino de uso industrial (más barata, como aquel aceite de colza que mató a miles de personas en España) y que contiene una substancia venenosa. El caso llega a los tribunales, y la Audiencia Nacional española decide archivarlo argumentando que la empresa denunciada (la distribuidora con sede en Barcelona) es una mera intermediaria que no tenía obligación de controlar la calidad del producto.

Es decir, que si yo le compro naranjas a Ibáñez -que se las compra a unos tipos con negocio en Yakarta, que a su vez la compran a otra que las trae de las huertas de El Pireo, donde las cultiva y abona con TDT una empresa de las islas Caimán- y, tras consumirlas, la palmo dolorosamente envenenado, ¿Ibáñez no tiene nada que ver?.
Si es así, queda claro que cuanto más lejos se mata, mayor es la impunidad.