¿De quién es la mezquita de Córdoba?

De la Iglesia católica, según denuncia el periodista Ignacio Escolar, quien añade que la registró el 2 de marzo del 2006 mediante un trámite que apenas costó 30 euros.
La afirmación es muy grave -que se sepa, todavía no ha sido desmentida, aunque sí ampliada-, especialmente cuando se habla de bienes catalogados y calificados como patrimonio de la humanidad. La mezquita-catedral y el centro histórico de Córdoba lo son.
Pero no es este el único ejemplo de registro a su favor que hace la Iglesia católica de bienes comunes. La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro reclama con insistencia que la institución eclesiástica "devuelva a los pueblos los bienes arrebatados" gracias a una reforma de la ley hipotecaria realizada en 1998. Desde entonces, y pese a las reiteradas denuncias de organizaciones políticas y defensoras del patrimonio, ningún Gobierno regional o nacional -socialistas incluidos- ha tratado de resolver la cuestión reformando la reforma de ese oprobio legal.
La plataforma navarra ha denunciado que desde la aplicación de la normativa reformada, el Arzobispado de Pamplona y Tudela registró a su nombre entre 1998 y 2007 un total de 1.086 bienes, el 60% de los cuales son lugares de culto, cuando hasta entonces solo había registrado fincas urbanas y rurales.
Con ser eso en sí mismo argumento más que suficiente para aclarar las cosas y ponerlas en su sitio -es decir, al césar lo que es del césar y a la Iglesia católica lo suyo- no es menos trascendente el hecho de que la institución eclesiástica esté libre de pagar impuestos por bienes que otros particulares sí tienen que pagar, de que sea el propio Estado quien corra con los gastos de mantenimiento y rehabilitación de edificios propiedad de la Iglesia y de que esta se embolse lo que cobra por las visitas a los monumentos.
Conocer el interior de la mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona, que, en buena lógica, deberían volver a las arcas del Estado para que se recuperen del coste que supone mantener el patrimonio artístico en poder de la Iglesia. Un ejemplo reciente. El Estado destinó 20 millones a la rehabilitación de la catedral de Tarazona, de los que solo 480.000 euros los puso la Iglesia, que cobra 4 euros por la entrada y que ingresa en sus arcas sin pagar impuestos.
Son abusos legalmente consentidos y el poder político tiene la obligación de corregirlos y, de paso, explicar por qué consiente que el patrimonio común, de un valor material e inmaterial incalculable, pase a manos privadas.