¿Golpe de estado digital?

Así, de "golpe de estado digital", califica Enrique Dans el intento del Gobierno de recortar ciertos derechos a los usuarios de Internet con la inclusión, en el anteproyecto de la llamada "ley de economía sostenible", de un artículo que permite a una "comisión de la propiedad intelectual" desconectar o censurar, sin autorización judicial, una página web que enlace material sujeto a derechos de propiedad intelectual. Dans está, además, especialmente contrariado porque el artículo se ha colado de "tapadillo" en el anteproyecto.
Este procedimiento convierte al Ministerio de Cultura en vigilante de la propiedad, en opinión de Juan Varela, para quien la presión de la industria cultural y del entretenimiento, "con los músicos reclamando una ley gremial, los medios en busca de rentabilizar sus contenidos a toda costa por la crisis y la falta de alternativas de negocio, conducen a malas decisiones" gubernamentales.
Según Julio Alonso, esas malas decisiones van contra la linea de flotación de Internet porque introducen una "tremenda inseguridad jurídica para todos los que operamos en Internet" por los siguientes motivos: "Añaden como causa para cerrar una página la infracción de derechos de autor, dejan la potestad para hacerlo en manos no de los jueces, sino de la SS (sección segunda) de la Comisión de Propiedad Intelectual, y se obliga a los prestadores de servicios a entregar a dicha comisión la información de identificación de sus usuarios".
Esta "barbaridad" será tumbada en su tramitación parlamentaria, vaticina César Calderón, para quien lo "enormemente" preocupante es que "un grupo de lobbistas profesionales a sueldo de la SGAE y asimilados pueda hacer en público y sin complejos una manifestación de que su influencia está por encima del Gobierno y del partido que lo sustenta".
Ignacio Escolar afirma que la ley que pretende aprobar el Gobierno sólo sirve para sostener una industria obsoleta: la del CD, y añade: "El gran fallo está en la premisa que justifica el estado de excepción digital. La música está más viva que nunca. Lo que se muere es el disco, el CD: un negocio caduco e insostenible. Los ingresos de conciertos, según la SGAE, se han multiplicado casi tanto como los musicales. Se extingue el negocio de la música enlatada, pero florece el de la música fresca. Y eso es algo que no va a cambiar, por mucho que se retuerza la ley para intentar detener el tiempo".
Con el propósito de presionar en "defensa de los derechos fundamentales en Internet", se ha elaborado, "en una maratoniana sesión", un manifiesto en el que "los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet" manifiestan su más firme oposición al proyecto y declaran lo que puede leerse en este enlace.

Todas las opiniones formuladas con la debida consideración, como las enlazadas, son respetables; pero lo primero que creo que hay que decir y aclarar en todo esto es que ninguna ley está ni puede estar por encima de la Constitución. Por lo tanto, ningún texto legal puede recortar "derechos fundamentales" sin contravenirla, en cuyo caso cabría presentar recurso de inconstitucionalidad.
En segundo lugar, no creo que sea un "derecho fundamental" bajarse archivos legalmente protegidos. Quien lo hiciese estaría cometiendo un delito, no haciendo uso de un derecho, por muy libre y democrática que creamos que es la Red. ¿Hay mayor gran hermano que la red de redes?
Como en muchas otras ocasiones en que se producen reacciones similares ante un intento, noble o perverso, de regular cualquier actividad humana, uno tiene la impresión de que intentan atraernos, convencernos, manipularnos, influirnos por todas partes. Quizá porque, engañados por nuestro ego, carecemos del sosiego y del interés necesarios para escuchar, leer, razonar, sedimentar y, finalmente, opinar. Nunca en sentido inverso, como ponen de manifiesto algunas opiniones y la mayoría de los comentarios que se dejan en los posts.

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