Legalmente humillados

Ser inmigrante en Europa ha logrado algo casi inimaginable hasta hace poco: igualar e incluso superar la condición que tienen los parias en la India.
La vieja y democrática Europa arrincona cada vez más a los inmigrantes. Celosa guardiana de un bienestar forjado sobre guerras, expoliaciones, colonizaciones, esclavitudes, especulaciones o pomposas burbujas económico-financieras, les pone los grilletes legales para que sigan sirviéndonos como en los mejores tiempos imperiales.
La llamada directiva de la vergüenza, aquel oprobio legal que nuestros democráticos representantes no quisieron detener, abrió la espita de la inmoralidad con que los europeos recibimos a los inmigrantes que vienen a trabajar. La Italia berlusconiana, amparada en esa norma salida de un Parlamento Europeo cada vez más sometido al ultraliberalismo económico y social, da rienda suelta a la xenofobia hasta el punto de criminalizar al extranjero y de perseguirlo legalmente de puerta en puerta como en tiempos del fascismo se perseguía a las personas por sus creencias.
Al calor de esa normativa, Malta y España, entre otros países, se permiten hacinar al inmigrante en celdas insalubres como castigo a su osadía por lanzarse a la aventura en busca del trigo que no queremos sembrar en sus maltrechos campos para evitarles la hambruna y, de paso, para que no compitan con nuestras subvencionadas agriculturas.
Ahora, en un arrebato de exacerbado paroxismo, Gran Bretaña, ese diminuto territorio que ciñó su imperial corona sobre los despojos de sus saqueos y expolios, se dispone a certificar ciudadanías a la carta en función de absurdas puntuaciones que recordarían a juegos infantiles si no fuese por la humillación que conllevan. Con la particularidad de que, además, pretende negar a unas personas derechos, como el de manifestación, que legítimamente concede a otras.
Y todo, eso sí, muy legal. Para mejor lavar conciencias.